El Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
Las objeciones de las tres patronales que reveló en exclusiva El Destape días atrás apuntaron a cinco artículos de la reforma laboral: el 126 y el 128, que ponen fin a la ultraactividad (vigencia de acuerdos más allá de su vencimiento formal y hasta la firma de uno nuevo) de las denominadas “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos, en general referidos a aportes no salariales a gremios o representaciones empresariales; el 130 y 131, que habilita los entendimientos de menor nivel (por empresa, región o provincia) por encima de los de alcance nacional, y el 132, que habilita al Gobierno por su cuenta a forzar la renegociación de ítems de un convenio colectivo.
En su disputa intraentidades, AFAC y Camima alegan que los cinco artículos responden a prerrogativas de Adimra para continuar con la recaudación de su cuota a empresas incluso no afiliadas. Por esa disputa ya hubo causas judiciales y durante la gestión de Javier Milei dos intentos (ley Bases y un DNU) por ponerles fin que quedaron en suspenso por cautelares en Tribunales. Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se trata de una bandera de lo que entiende como costos extrasalariales propios de entendimientos de cúpula.
La queja de los autopartistas y las pyme metalúrgicas no da cuenta de que la práctica recaudatoria de Adimra siguió incluso cuando la Justicia dictaminó que no era obligatorio el pago de las empresas. Es decir que por aval, por omisión o por defecto, las fábricas en su mayoría mantuvieron los aportes a pesar de que ya no estaban forzadas a hacerlo.