En Acosta, la Corte había dicho que no solo debía ponderarse en casos de lesa humanidad si había capacidad de fuga o de entorpecer la investigación, sino que había que prestar atención a otros factores, como la complejidad del caso, los obstáculos para la investigación y el juzgamiento, las condiciones del imputado, la rigurosidad de la medida cautelar y el avance de la causa. En ese momento, los supremos habían tomado el caso de Acosta porque demostraba el poder que tenía el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA, que decía que hablaba con “Jesucito” para decidir quién se iba para arriba –léase, quién sería arrojado vivo en los vuelos de la muerte–.