Así también recuerdaron que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus territorios, y a ser consultados de manera previa, libre e informada. “Hacemos responsable al gobierno provincial por este accionar violento e incompatible con un Estado de Derecho", afirmaron los organismos. En ese momento, en el que todavía los dos comuneros continuaban demorados, exigieron su "inmediata liberación", así como "el cese de la criminalización de la protesta social, y el respeto pleno a los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias". "La defensa de los derechos humanos no puede ser una consigna vacía ni una declaración protocolar: debe traducirse en políticas públicas concretas que respeten la diversidad, el territorio, la dignidad y la libre expresión de los pueblos”, señalaron.