Diversas voces del ámbito castrense vienen alertando además sobre el deterioro presupuestario y la falta de actualización salarial. En ese marco, la autorización para buscar un segundo empleo aparece más como una válvula de escape frente a la crisis que como una verdadera ampliación de derechos laborales.
La discusión, en definitiva, excede la posibilidad de manejar un Uber o repartir pedidos. La pregunta de fondo es otra: cuánto debe ganar un integrante de las Fuerzas Armadas para no verse obligado a buscar un segundo trabajo. Porque si quienes tienen la responsabilidad de defender al país necesitan salir de los cuarteles para completar ingresos, el problema difícilmente sea el empleo adicional.
La gestión libertaria llegó al poder prometiendo reconstruir capacidades estratégicas y devolverles centralidad a las Fuerzas Armadas. Un año y medio después, la escena que domina el debate es otra: militares buscando en las aplicaciones de transporte, reparto o seguridad privada los ingresos que ya no encuentran en sus recibos de sueldo. Una postal que, para muchos, resume mejor que cualquier discurso la profundidad de la crisis salarial que atraviesa el sector.