El organismo había pedido acceso al expediente en los inicios de la investigación. Taiano no le requirió ninguna colaboración específica –algo que podría haber hecho– y ahora se puede advertir que tampoco le interesaba que nadie profundizara nada seriamente. En su respuesta, el fiscal da a entender que el organismo que encabeza su par Rodríguez dejó de interesarse en la causa en septiembre de 2025, ya que “desde ese momento, no solicitó la prórroga” para poder acceder a las actuaciones. “En virtud de ello –dijo– es que resulta cuanto menos sorpresiva la presentación efectuada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, en la que critica los sobreseimientos.
“Cuando tuvo la oportunidad, no solicitó nuevamente el acceso a las actuaciones, dejando que el plazo venciera”, cuestionó Taiano. “También resulta llamativo el conocimiento que presume tener el titular de la PIA sobre todas las medidas dispuestas o dejadas sin efecto en la causa vinculadas a las diferentes Unidades Fiscales, ya que el mismo no debería tener conocimiento de sus pormenores, toda vez que su acceso se encontraba finalizado”, insistió. “La conclusión a la que arriba el Dr. Rodríguez, motivo de su presentación, resulta a mi criterio desacertada, teniendo en cuenta que no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025 –agregó–, lo cual permite deducir que sus fundamentos empleados están basados en, citando sus palabras, afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Esta última frase, en efecto, había sido utilizada por la PIA para referirse al modo en que la fiscalía y el juzgado habían concluido que se había violado la cadena de custodia del contenido del celular de Novelli a partir de que la periodista Natalia Volosin publicó uno de los documentos que había en el dispositivo. Lo que sucede es que, para ese entonces, todo el material ya estaba en la fiscalía; de ahí la evidente irritación de Taiano con el señalamiento.
El fiscal intenta minimizar el planteo del organismo y dice que se trata de “una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del estado, tal como se encuentra fundado en mi extenso dictamen”. Con esto, reafirmó los sobreseimientos que ya había solicitado.
Todavía no se libra
Las querellas de Martín Romeo y Juan Patricio Marchetto –dos compradores de $LIBRA que perdieron lo invertido a raíz del colapso del token– consiguieron que la sala II de la Cámara de Casación abriera sus recursos de queja en los que reclaman ejercer ese papel. El juez fue quien los apartó en un comienzo, algo que luego confirmó la Cámara Federal. Como todavía no está firme ese apartamiento como querellantes, decidieron apelar también los sobreseimientos, ya que no está descartado que el máximo tribunal penal ordene reponerlos en el expediente. Todo indica que la discusión sobre la intervención de la PIA también escalará hasta Casación, donde los precedentes son favorables a su actuación. Pero llevará tiempo. Quizá este embrollo no se despeje hasta 2027.