Según la disidencia, la afectación directa debe valorarse a partir de los efectos reales y sustanciales de la decisión estatal, y no sólo de su destinatario formal. En ese sentido, entendieron que las medidas cuestionadas incidían en la continuidad educativa, la residencia, la alimentación, el cuidado y la identidad cultural de los niños y adolescentes involucrados. Por ello, afirmaron que la consulta no constituía una formalidad posterior o subsanable, sino una instancia previa de diálogo intercultural y participación efectiva, necesaria para la legitimidad de decisiones capaces de afectar sus condiciones de vida.