Entre los intercambios en el fragor de ese contexto con quienes lo ayudaban a acomodar una justificación contable, Espert se esperanzaba con un ingreso en blanco: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”, se entusiasmaba un diálogo con la contadora Mercedes Almenares.
El exdiputado no se privó de regatearle los honorarios, antes de terminar la charla: “Dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón, Mechi. ¿No podés bajarme un poco?”. El exdiputado tenía gente que se ocupaba de sus temas contables en Pergamino, su ciudad de origen, y otros en la Ciudad de Buenos Aires. “… como con Mariano, por otro lado, en Buenos Aries estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi (se referiría a su esposa), la hermana más que mamá, supuestamente este año me transfiere más plata para justificar mi consumo, bla, bla, bla, bla. Simplemente para estemos todos la tanto de lo que está haciendo el otro, digamos”, se explayaba.
Tuvo reuniones con los contadores los días 3, 7 y 22 de mayo de 2021 y otra el 10 de agosto, después de presentar la declaración jurada correspondiente al año anterior. Se hallaron documentos sobre los preparativos para esa declaración y las alternativas, que iban desde reconocer todo y afrontar el costo impositivo hasta consignar aportes o donaciones o no mostrar nada. Esta última fue la que prevaleció y se creó, según la fiscalía, la firma Varianza S.A, para justificar ingresos de Espert y camuflar el origen de los fondos.
Contrato trucho
Como quedó claro en el dictamen de Domínguez, el contrato en sí con Minas del Pueblo era un problema, porque era trucho, una simulación. Tenía fecha del 7 de junio de 2019 y aparecía como si hubiera sido suscripto en Guatemala. Le encomendaba a Espert la reestructuración de una supuesta deuda de la empresa. Debería realizar un análisis de mercado y confeccionaría un plan estratégico de ampliación y crecimiento, con seguimiento y control. Espert no estuvo en Guatemala. Tampoco contrató a otros expertos que manejaran conocimientos requeridos que le eran ajenos. Machado en esa fecha estuvo en Argentina.
El contrato fue llevado a una escribanía porteña con una primera firma. El escribano que intervino declaró que había certificado una segunda firma de Espert. La fiscalía recibió informes del Registro Mercantil de Guatemala, según los cuales Minas del Pueblo había sido inscrita de manera “provisional” el 8 de mayo de 2017 y su actividad estaba sujeta a autorizaciones. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala explicó que había realizado trabajos de explotación de recursos naturales sin permisos. La fiscalía de delitos de “Narcoactividad” había iniciado una causa de oficio por información periodística. La información que recibió el fiscal Domínguez es que en junio de 2019 la empresa no tenía actividad.
Según los papeles hallados en la casa de Machado en Viedma, que estaban rotos y fueron reconstruidos, el contrato era por un millón de dólares. Se supone que se empezaba a pagar al momento de la firma con un monto de 100.000 dólares y el resto en nueve pagos los meses siguientes. Por ahora no se detectaron más pagos que el de 200.000 dólares, que fue siete meses después de la firma, pero la fiscalía sospecha que pudieron haberse concretado por otros medios.
El lavado
Domínguez mostró que después de recibir el pago conocido de Machado, Espert hizo dos envíos de parte de ese dinero a su cuenta en el BBVA. Primero compró un BMW con el dinero. Pagó cerca de 45.000 dólares. Más adelante, en 2024, cuando era diputado, lo cambiaría por un Lexus que costaba bastante más, 130.000 dólares. Para parte de esa operación, ingresó a la entidad por ventanilla la llamativa suma de 88 millones de pesos. Domínguez señala otros datos sospechosos: el retiro de 80.000 dólares por parte del exdiputado justo cuando comenzaba la investigación y la adhesión de su esposa, maría Mercedes González, al fideicomiso Costa Dunas en el que ingresó 55.501 dólares y 50.893.221 pesos entre febrero y septiembre de 2025, que era un barrio privado exclusivo al norte de Pinamar.
En otro gran capítulo de la misma investigación, que todavía está en desarrollo, se detectó un mecanismo utilizado por “El Profe”, quien habría tenido miles de dólares en efectivo, que cambiaba con distintos arbolitos que a su vez le depositaban pesos, en su mayoría sin saber quién le estaba enviando importantes transferencias. Así introducía dólares en el mercado informal y los recuperaba bancarizados en pesos, con lo que afrontaba gastos con tarjeta de crédito que llegaban a 15 millones de pesos por mes. Con esa mecánica ingresó alrededor de 225 millones de pesos. Todo sucedía cuando ya era diputado, conducía la comisión de Presupuesto y gozaba de los elogios del Presidente.