El informe agrega que, si se utiliza el IPC Federal como referencia para medir inflación, la caída acumulada del salario real asciende a 14,2 puntos porcentuales. En este caso, hace mella la discusión metodológica en la medición de la inflación, a partir de la decisión del Gobierno de no aplicar la actualización de la canasta que se utiliza para la medición de precios, lo que se refleja en la diferencia entre el IPC Federal y el índice oficial del INDEC.
Para marzo, el IPC Federal registró una suba mensual de 3,2 por ciento y una variación interanual de 33,5 por ciento. El informe sostiene que las estructuras de ponderación históricas utilizadas por el organismo oficial podrían no reflejar completamente el cambio en la composición del gasto de los hogares, particularmente por el mayor peso relativo de servicios como vivienda, transporte, comunicaciones y salud. En ese sentido, el trabajo sostiene que “acumulado entre noviembre 2023 y mayo 2026, el IPC federal captó un aumento de precios 24,8 p.p. superior al que reflejó INDEC”.
La última variable que toma en cuenta el cálculo del Congreso es el endeudamiento de los hogares y las dificultades para cumplir con el pago de esos compromisos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, tasas de interés crecientes y utilización del crédito para cubrir gastos corrientes. El informe señala que en marzo último la cartera irregular de crédito de hogares alcanzó el 11,5 por ciento, siendo el nivel más alto desde el inicio de la serie del Banco Central en 2010. Además, el registro se produjo después de dieciséis meses consecutivos de aumentos. En apenas un año, la morosidad se disparó 8,3 puntos porcentuales. Para el trabajo, el crecimiento de la mora expresa un deterioro que ya no se limita al empleo o al ingreso sino que comienza a trasladarse hacia la capacidad efectiva de sostener pagos corrientes y obligaciones financieras.