En paralelo, trabajaron en la escena peritos de Policía Científica y efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Capital, quienes llevaron adelante las primeras tareas de relevamiento.
Uno de los inconvenientes con los que se encontraron los investigadores fue que una cámara de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), ubicada a pocos metros del lugar, no funcionaba al momento del hecho. Por esa razón, se inició la búsqueda de registros de cámaras privadas y de posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.
Mientras avanza la causa judicial, la agente fue sometida a un sumario administrativo por parte de la Inspección General de Seguridad (IGS). Como medida preventiva, las autoridades le retuvieron el arma reglamentaria y dispusieron su pase a situación de revista pasiva, por lo que quedó apartada de sus funciones.
Además, trascendió que la mujer se había enterado recientemente de que sería trasladada a prestar servicio a San Rafael. Los investigadores intentan determinar si esa novedad tuvo alguna relación con la discusión que mantuvo con su pareja antes de la tragedia.