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POLITICA Piden juicio político a Manuel Adorni: los principales argumentos de la denuncia

18/06/2026

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados contra el jefe de Gabinete, por presunto mal desempeño en sus funciones.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para impulsar el juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora lo acusó de haber incurrido en mal desempeño y de haber perdido la "idoneidad ética y funcional" para ejercer el cargo.

La presentación, de 13 páginas, se basa en las declaraciones públicas del funcionario sobre fondos no declarados, las rectificaciones de sus declaraciones juradas y las contradicciones entre esos dichos y lo expresado durante su informe de gestión ante el Congreso.

En el escrito, Pagano sostuvo que "un Jefe de Gabinete que admite haber evadido durante años, que ocultó deliberadamente su patrimonio y que mintió ante los representantes del pueblo de la Nación no reúne la idoneidad ética que la Constitución exige para el ejercicio del cargo". La diputada pidió además la producción de pruebas y el avance del procedimiento previsto para estos casos.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es una presunta contradicción en las declaraciones de Adorni sobre su patrimonio. Según Pagano, el 29 de abril el funcionario libertario aseguró ante la Cámara de Diputados que "nunca existió ocultación alguna" respecto de sus bienes.

Sin embargo, la legisladora recordó que el 10 de junio el jefe de Gabinete reconoció públicamente haber mantenido fuera de sus declaraciones juradas alrededor de u$s500 mil. A partir de ello, sostuvo que una de las dos versiones es necesariamente falsa y que la expuesta ante el Congreso fue desmentida por el propio funcionario.

Uno por uno, los hechos por los que Marcela Pagano pidió juicio político a Manuel Adorni

La denuncia se basa en una serie de conductas que, según Pagano, fueron desplegadas por el funcionario entre marzo y junio de 2026 y que la legisladora organizó en los siguientes cargos específicos:

Omisión maliciosa y falsedad patrimonial: se le acusa de haber omitido dolosamente la declaración de bienes por aproximadamente u$s500 mil en sus declaraciones juradas. Además, se señala que mintió ante la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026 al afirmar que "nunca existió ocultación alguna" sobre su patrimonio, algo que él mismo habría desmentido en declaraciones posteriores.

Autoincriminación como evasor: la diputada destaca que Adorni reconoció públicamente haber mantenido ahorros "en negro" durante unos 25 años para "escaparse de la vieja política", conducta considerada incompatible con quien debe recaudar las rentas de la Nación.

Maniobras elusivas: se cuestiona su acogimiento al régimen de "inocencia fiscal" (Ley 27.799) y la presentación de rectificativas tardías como un intento de sustraerse de las consecuencias de haber ocultado su patrimonio.

Conflictos de interés y negociaciones incompatibles:

Sobre los medios públicos, por contratos de coproducción en RTA con una empresa vinculada al periodista Marcelo Grandío mientras los medios estaban bajo su órbita.

A través de la consultora de su cónyuge (+Be), que percibió pagos de empresas proveedoras o contratistas del Estado (como una naviera contratista de YPF) de forma concomitante con su función pública.

Dádivas: se menciona un viaje a Punta del Este en avión privado costeado por Marcelo Grandío, quien es titular de una empresa contratista del Estado bajo el área de Adorni.

Mal uso de recursos públicos (Peculado): la denuncia sostiene que afectó recursos de seguridad (Policía Federal y Gendarmería) para custodia personal y familiar sin justificación legal, y que su cónyuge utilizó la aeronave presidencial en contradicción con un decreto promovido por el propio Adorni.

Pérdida de idoneidad: finalmente, la diputada argumenta que estas conductas, sumadas a la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, comprometen la dignidad de la función pública y revelan una falta de autoridad moral e idoneidad ética para el cargo.

Pagano subraya que el juicio político es un juicio de responsabilidad política y no requiere una condena penal previa para proceder, por lo que considera que la pérdida de idoneidad funcional y ética reconocida o documentada son suficientes.

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