El caso tuvo repercusión social desde diciembre de 2024, cuando una jueza de Niñez, Adolescencia y Familia, ordenó retirar a la niña de la casa de su madre para entregársela a los abuelos paternos.
El operativo tuvo alto impacto debido a la difusión de un video en el que la niña se resistía a ser separada de la madre.
Durante el proceso, hubo constantes denuncias por parte de la defensa de la madre, alegando que la niña era víctima de un proceso judicial deficiente y que se ignoraba su voluntad.