También se objeta un esquema de tarifas que garantizaría ingresos mínimos a la empresa concesionaria, trasladando los riesgos a los productores argentinos.
La presentación ante la PIA, impulsada por la firma DTA Engenharia (con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat) y apoyada por la Comisión Canal Magdalena, sugiere un posible favorecimiento a empresas extranjeras, mencionando específicamente a la firma belga Jan De Nul.
El ingeniero José María Lojo, uno de los denunciantes, fue tajante: "Es urgente detener el proceso para evitar que se consumen delitos en perjuicio de los productores y consumidores argentinos". Para Taiana, continuar con la licitación bajo estas sospechas compromete la transparencia institucional y la soberanía fluvial del país por las próximas décadas.