También rechazó el planteo de “gravedad institucional” impulsado por el Gobierno.
En uno de los párrafos más duros de la resolución, los camaristas señalaron que la eventual intervención de la Corte Suprema “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional” del Estado nacional, sino que apunta a “un simple interés patrimonial de carácter individual”.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado donde afirmó que aplicar plenamente la ley universitaria “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”. Además, el Gobierno recordó que el decreto 759/25 suspendió la ejecución de la norma hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.