Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, aclaró: “Esta reforma viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según lo que establece la Constitución Nacional. Si bien hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, no pueden disponer de ellos a cualquier costo porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección". Además, sostuvo que aparte de los impactos ambientales, “la reforma compromete seriamente la credibilidad internacional del país, porque contradice compromisos asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que consagra el principio de no regresión en materia ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones extranjeras".