La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano.
El acto de censura repercutió a nivel internacional también. Este lunes, Amnistía Internacional alertó a la CIDH por “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”. La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se consolidó un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, y campañas de hostigamiento amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales.
“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública —conocidas como SLAPPs— que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.