En el INTI las cosas no marchan mejor ni mucho menos. El gobierno dio de baja más de mil servicios que presta el Instituto con el objetivo de beneficiar a los privados. Al quitar las tareas, los trabajadores que se encargaban de realizarlas serán desplazados. Se estima que alrededor de 700 especialistas podrían dejar el organismo luego de esta nueva ola de ajuste decidida por el ministro desregulador Sturzenegger.
Yamila Mathon, especialista en Tecnología de Gestión y del Conocimiento del INTI, señala a Página 12: “En 2024, ofrecieron retiros voluntarios, que de voluntarios tuvieron poco; a mitad de 2025 llegó el embate del decreto 462, donde se intentó disolvernos y convertirnos en una mera oficina técnica de Economía, pero con la lucha y la votación del Congreso fue volteado. Ahora, en 2026, señalan que hay mil servicios que el INTI no debe prestar más, a pesar de ser esenciales para el cuidado de la población”. Y agrega: “La baja de los servicios es la antesala para generar una nueva estructura, que obedecerá a recortar puestos de trabajo que, según prevén, no serán necesarios desde la óptica de las autoridades”.
Entre las principales tareas que dejará de realizar el INTI, se pueden nombrar las mediciones, las certificaciones de seguridad y las calibraciones de productos variopintos como surtidores de nafta, alcoholímetros y cinemómetros. Mathon brinda un ejemplo: “Supongamos un alimento envasado. Para poder comercializarlo en góndola o exportarlo, los empresarios deben pasar los controles de Senasa. Desde las empresas suelen recurrir al INTI, inclusive pudiendo ir al privado, cada vez que tienen que hacer esos ensayos para validar sus productos, porque tiene prestigio y es el único organismo que realiza múltiples pruebas de manera integral. De lo contrario, como va a suceder de aquí en más, el empresario deberá ir a diferentes laboratorios según la prueba requerida”.
Desde el inicio de la actual gestión, se estima que 800 personas ya dejaron el INTI con jubilaciones, retiros voluntarios y cese de contratos. Este martes a las 10 de la mañana, junto a la CNEA convocan a una conferencia de prensa en avenida General Paz 5445 bajo el título “Defender el INTI es cuidar la Argentina”.
Papelón nuclear
El panorama en la CNEA es desolador. El organismo encargado de llevar adelante el hipotético “plan nuclear” del gobierno también tiene la intención de realizar una reducción de personal. Existen alrededor de 350 contratados que están en la mira del gobierno. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, publicó en la red X: “Hoy vemos con claridad las consecuencias de décadas de malas decisiones y pérdida de rumbo. Durante años, se utilizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —y al sector nuclear en general— como aguantadero de la política. ¿El resultado? Una dotación que se duplicó sin la incorporación de una sola línea de generación de ingresos más allá del Tesoro Nacional”. Y, en otro pasaje, afirmó que estaban trabajando en la “reestructuración integral” de la CNEA y adelantó que pronto “habría novedades”.
También este martes a las 11.30, trabajadores y trabajadoras del Centro Atómico Bariloche (una de las dependencias de la CNEA en el país), se concentrarán en el ingreso de la avenida Exequiel Bustillo 9500 y denunciarán el desmantelamiento del plan nuclear argentino. Ignacio Cortés, miembro de la institución, dice a Página 12: “Ramos Nápoli cobró un crédito del Banco Nación por 200 millones de pesos y es el exasesor digital de Karina Milei. Es una persona que no conoce el sector nuclear y sale a decir que la CNEA es un aguantadero. Básicamente quieren terminar con el plan nuclear”. Y sigue: “No queremos que pase lo mismo que, lamentablemente, está ocurriendo en el SMN, el INTI, el INTA. Están por terminar con un activo importantísimo de la sociedad argentina. Por eso, vamos a salir a contarle a la sociedad qué es lo que está pasando”.
Hurtado resume el cientificidio y opina: “No sobra gente en las instituciones; en cambio, falta, y sin embargo, siguen echando. El Servicio Meteorológico no va a poder protegernos de riesgos, de fenómenos ambientales severos; cuando quiera modelizar en el futuro, faltarán datos. En el INTI igual, la salubridad, la seguridad alimentaria, la calidad en los materiales para la construcción, las certificaciones en las fábricas, lo que se usa en los hogares: nada estará garantizado. Con la Comisión Nacional de Energía Atómica, por último, se concreta la destrucción de un sector estratégico por exigencia de la geopolítica”.
En un contexto de ajuste parecido están la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el INTA, que atraviesan una nueva oleada de “reestructuraciones” para ganar “eficiencia”, los giros discursivos que utilizan desde la administración oficial con el único objetivo de terminar con la producción de conocimiento autóctono y achicar el Estado a lo mínimo indispensable.
Universidades y Conicet: la resistencia avanza
Un informe reciente realizado por la Federación de Docentes Universitarios (Fedun) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que los salarios de los trabajadores del sector universitario acumulan una caída del 33,7 por ciento desde noviembre de 2023 y que llevan 17 meses consecutivos de pérdida salarial. Además, para recuperar el nivel previo al inicio del gobierno libertario, haría falta incrementar en un 50.7 por ciento. Por su parte, el sistema científico atraviesa un ajuste histórico, con recortes que trepan hasta el 50.8 por ciento de los fondos.
Este sábado 18 de abril, de 14 a 19, los científicos y las científicas del país organizaron una jornada de stands, charlas y talleres, bautizada “Ciencia para unir las luchas”. Bajo la consigna ¡La lucha es una sola!, la comunidad de investigadores junto a los trabajadores de FATE visibilizaron una situación común: el gobierno libertario empuja al suicidio de la industria y de la ciencia. En las puertas de la planta de FATE en Victoria (Blanco Encalada 3040), el público pudo disfrutar de presentaciones magistrales como las de los divulgadores Diego Golombek, Valeria Edelsztein y Nadia Chiaramoni.
Tanto las universidades como el sector científico tienen sus leyes vigentes para asegurar el financiamiento, pero al gobierno no le interesa cumplirlas. Como resultado, la comunidad universitaria y científica ya planea una nueva marcha de alcance federal.