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POLITICA La disputa entre libertarios y macristas por la Bicameral de Inteligencia
27/03/2026
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Karina Milei le dio su beneplácito a su armador bonaerense y encendió la ira del diputado del PRO, Cristian Ritondo.
En medio de las luchas intestinas dentro de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei ya tiene a su elegido para presidir la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). Se trata del diputado Sebastián Pareja, que fue su armador en la provincia de Buenos Aires. La elección de Pareja reavivó la interna con el PRO, ya que Cristian Ritondo se preparaba para comandar el cuerpo legislativo que debe monitorear el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
En las últimas horas trascendió que la secretaria general de la Presidencia habría elegido a Pareja para hacerse cargo de la CBI. La comisión, de importancia estratégica, aún no está conformada. Dado que el último presidente fue un senador —el radical Martín Lousteau—, esta vez la presidencia quedará en manos de un integrante de la Cámara baja.
Quien está que trina es Cristian Ritondo. Hizo trascender que Martín Menem le había ofrecido la presidencia de la CBI. Menem, más allá de ser el titular de la Cámara de Diputados, es un soldado leal a Karina Milei. Si la hermana del Presidente se decidió por Pareja, hará cumplir la orden.
Sin embargo, como todavía no está integrada la CBI, nada puede darse por cerrado. En 2024, sonaba Martín Goerling Lara como presidente del cuerpo. Sin embargo, un acuerdo entre peronistas y radicales hizo que Lousteau quedara al frente y lo secundara Leopoldo Moreau. Como secretario fue elegido Oscar Parrilli.
En Unión por la Patria (UxP) hay algunos candidatos que suenan como seguros para integrar la CBI. Uno de ellos es Rodolfo Tailhade; el otro es Agustín Rossi, que fue interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández.
Si Pareja quedara al mando de la CBI, sería toda una señal de Karina Milei hacia Santiago Caputo. Pese a no tener cargo formal, el asesor presidencial es quien maneja los hilos dentro del organismo con sede en la calle 25 de Mayo. Fue él quien impulsó en diciembre pasado la designación del contador Cristian Auguadra como jefe de los espías.
Hace unos días se instaló la versión de que Karina pretende quedarse con el control de la SIDE, sobre todo después de que plantó bandera en el Ministerio de Justicia con la llegada de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola. Sin embargo, la avanzada de la secretaria general de la Presidencia parece haberse quedado en suspenso por otro tema que concentra la preocupación: la situación legal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que colecciona denuncias por enriquecimiento ilícito y por sus viajes -tanto a Punta del Este como a Nueva York.
La CBI debe funcionar como un mecanismo de control que audite las operaciones en las que se involucra la SIDE y sus gastos, incluidos los reservados, caracterizados por su opacidad. Durante la gestión anterior, la CBI fue crítica del Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Le reclamó a Sergio Neiffert, por entonces jefe de la SIDE, que lo armonizara con las leyes y la Constitución Nacional. Después de ese tirón de orejas, revelado por Página/12, la SIDE hizo modificaciones.
Desde el 31 de diciembre pasado, cuando Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, la SIDE incrementó sus facultades: quedó habilitada para detener personas e involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. El DNU fue impugnado judicialmente por múltiples actores, pero el Poder Judicial no mostró una actitud activa a la hora de poner límites a la inteligencia estatal.
A principios de mes, los abogados de la SIDE hicieron una presentación en el expediente que se inició después de que la Fundación Apolo promoviera una acción de amparo y pidiera una medida cautelar para frenar la posibilidad de que los espías realicen detenciones, como si se tratara de un cuerpo policial.
Según argumentó la SIDE, no se trata de potestades represivas sino que se “limita a regular la actuación de los agentes de inteligencia en situaciones que pueden presentarse durante el desarrollo de actividades de inteligencia”, que pueden estar vinculadas a proveer su propia seguridad o repeler agresiones. “La facultad se trata de una medida de protección, con fines estrictamente preventivos, destinada a neutralizar riesgos inmediatos que puedan afectar operaciones de inteligencia en curso”, argumentaron.
La SIDE pidió que se rechazara la medida cautelar para frenar la aplicación del DNU 941 con el argumento de que podría afectar a todo el sistema de inteligencia. El pedido se cumplió, aunque por otro fundamento. El 10 de marzo, el juez federal Santiago Carrillo rechazó la acción de amparo por considerar que la Fundación Apolo no estaba legitimada para accionar. Hay otros planteos en los tribunales, entre los que se incluye el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El martes, mientras circulaban versiones de cambios inminentes, Auguadra estuvo en Langley para reunirse con el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe. El anuncio lo hizo la propia SIDE a través de un posteo en X, que después fue eliminado.
La reunión entre Auguadra y Ratcliffe fue confirmada por Adorni en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada. Según el jefe de Gabinete, la CIA resolvió darles a los espías vernáculos un reconocimiento por el desarrollo de operaciones conjuntas y por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo —que originalmente se llamó Centro Nacional Antiterrorista, pero la denominación duró exactamente una semana y fue modificada por Boletín Oficial.
La última movida de la SIDE fue la desclasificación de 26 documentos correspondientes al período 1973-1983. La desclasificación —parcial y arbitraria— persiguió un objetivo pueril: decir, días antes de que se cumplieran los 50 años del último golpe de Estado, que la represión no había comenzado el 24 de marzo de 1976. El movimiento de derechos humanos sostiene desde hace décadas la necesidad de condenar los crímenes de la Triple A y otras bandas ultraderechistas como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el Operativo Independencia.
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