El anuncio supone un nuevo embate para el sector universitario y el colectivo de personas con discapacidad, que el año pasado debieron enfrentarse a un derrotero sin precedentes: lograron luego de una larga lucha que se aprueben las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad con aumentos de partidas frente al ajuste brutal de la administración ultraderechista; luego esas leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei; después esos vetos cayeron gracias a la ratificación del Congreso de la Nación y debieron ser promulgadas por el Ejecutivo, que finalmente optó -de forma ilegal- por suspender su aplicación.