De acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda, el traslado del dinero no fue un hecho aislado. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el conductor integraba "un circuito regular, reiterado y coordinado" junto a los otros imputados.
El dinero estaba oculto en múltiples sectores del vehículo: el tablero, detrás de las salidas de aire y del sistema de sonido, debajo del volante, en la guantera y en la zona de la palanca de cambios. Para los investigadores, había sido modificado para disimular los billetes y evitar su detección en controles de seguridad.
En poder del conductor también se encontró un documento titulado "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero", con certificación notarial, que justificaba el traslado de hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, ese escrito funcionaba como un respaldo ante eventuales controles.
La pesquisa determinó además que la empresa involucrada operaba como fachada para dotar de apariencia legal a los fondos y facilitar su circulación. En ese marco, se detectó que el vehículo realizaba viajes frecuentes -cada dos días- a distintas provincias, sin relación con la actividad comercial declarada.
La sospecha de la Justicia
Los investigadores sostienen que, entre 2024 y 2025, los imputados habrían realizado operaciones de compra y venta de divisas sin autorización, con el objetivo de reinsertar el dinero en el circuito formal.
En un allanamiento realizado el mes pasado en la sede de la firma, se secuestraron ocho millones de pesos, máquinas contadoras de billetes, llaves de vehículos y documentación vinculada a operaciones financieras, elementos que reforzaron la hipótesis de una estructura dedicada a la intermediación ilegal.
El Ministerio Público Fiscal consideró que la maniobra investigada se ejecutó en el marco de una organización destinada al transporte, ocultamiento y posterior blanqueo de dinero de origen ilícito.
Los dos accionistas de la empresa y el conductor fueron imputados como coautores de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que el cuarto sospechoso quedó acusado únicamente por lavado de activos.
Además, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde dispuso un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos sobre los imputados.