Pese a que el fiscal Franco Picardi no impulsó la investigación contra los tuiteros del Presidente, el juez Sebastián Casanello tuvo por querellante a Villarruel. De esa forma, pudo sostener el impulso de la pesquisa. El juez reasumió la investigación y le ordenó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA) que indagara en los tuits y en los usuarios señalados por Villarruel.
Casanello entendió que podría estarse ante un caso de violencia contra las mujeres en la vida política. “La naturaleza de la violencia denunciada impone el esfuerzo de la debida diligencia, dándole un contorno público a la materia, acentuado por la alta magistratura desempeñada por quien se presenta como víctima (la querella, en sus sucesivas presentaciones, da cuenta de que el accionar denunciado continúa a diario en las redes)”, señaló el magistrado.
Esa causa tramita en el Juzgado Federal 11, que ya no es subrogado por Casanello. Actualmente está a cargo de Ariel Lijo –a quien Villarruel le hizo campaña en contra mientras era el candidato del Gobierno para la Corte Suprema.