Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas por Noticias Argentinas reconocieron que el reclamo es comprensible porque “el Presupuesto no contempla ambas emergencias”. Sin embargo, recordaron que las normativas fueron proclamadas pero después quedaron suspendidas hasta que el Parlamento determine “de dónde van a obtener los fondos”. Ese freno legislativo mantiene paralizadas medidas consideradas claves por los sectores involucrados.
A esa postura oficial respondió la secretaria general de APyT, Norma Lezana, quien sostuvo que los empleados “no se resignan ni bajan los brazos” pese a lo expresado por el ministro Mario Lugones. Para la dirigente, lo que está en juego es la defensa de “derechos esenciales”, entre ellos el funcionamiento de un hospital de alta complejidad, gratuito y de alcance federal, además de la atención integral para personas con discapacidad en toda la Argentina.
Lezana añadió que, aunque el personal obtuvo una mejora salarial, la falta de aplicación de la Ley de Emergencia deja nuevamente al hospital ante un panorama incierto para el año próximo. La dirigente advirtió que ya detectan “situaciones graves”, como una administración considerada opaca sobre los recursos que generan los propios trabajadores a través de la atención a prepagas y obras sociales, y la continuidad de una intervención encabezada por un representante del ministro Lugones, Mariano Pirozzo, cuya presencia sigue sin explicaciones claras.