Lo que los gobernadores plantearon a mediados de año, plasmado en dos proyectos de ley, fue que el Ejecutivo repartiera los recursos correspondientes a ATN y a lo que recauda en impuesto a los Combustibles líquidos, que debería ir a fideicomisos y obras viales que no se están haciendo. Lo que propusieron los gobernadores fue que los ATN -que el Ejecutivo distribuye de manera discrecional- se incorporaran a la masa copartipable y que las provincias reciban entero la parte del impuesto a los combustibles que les corresponde. La ley de ATN se aprobó, pero Milei la vetó. Lo que propondría ahora el Ejecutivo no iría mucho más allá de este reclamo que ya lleva unos cuantos meses y que no es más que la exigencia de la distribución de fondos que debería repartir y no lo hace, sumándolos a un superávit amañado.
A cambio de la aprobación del Presupuesto 2026, la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal (conocida como la de "los dólares del colchón"), el ministro de Economía, Luis Caputo, accedería a distribuir los fondos de ATN entre los gobernadores que aporten sus votos en el Congreso -y tengan sus cuentas fiscales en orden-, liberar parte de los fondos que se recaudan por el impuesto a los combustibles -las provincias exigen en 57%-, firmarle los avales para que las administraciones provinciales puedan tomar deuda con organismos financieros y, por último, promover la modificación de la ley de Glaciares de manera que cada provincia determine cuáles son las áreas en las que estará permitida realizar actividad minera. El Ejecutivo sostiene que de esa manera se permitirá explotar áreas hoy protegidas y habilitar la llegada de nuevas inversiones. En distintos momentos, San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz reclamaron que se redifiniera el concepto de periglaciar.
A simple vista, si bien atiende algunas de las demandas que vienen planteando los gobernadores desde hace tiempo, no es mucho lo que el Ejecutivo está dispuesto a ceder para conseguir la aprobación de proyectos presentados como vitales para el segundo tramo del mandato de Milei. No aclara nada respecto a las obras públicas abandonadas en muchas provincias, que los gobernadores reclaman por su urgente continuidad o reparación. Tampoco lo que presentaron los mandatarios en el último encuentro del Norte Grande, acerca de la rediscusión del financiamiento del ARCA, sobre el que también sostienen que debe redistribuirse una parte. Menos aún a propósito a la deuda que mantiene con las 13 cajas jubilatorias que no se transfirieron a la Nación, ni otras sumas correspondientes a las provincias que el Ejecutivo retiene o dejó de distribuir. En el caso de la provincia de Buenos AIres, calcularon esa deuda en 13 billones de pesos. Subido a la espuma del triunfo electoral, la Casa Rosada confía en sumar apoyos a precio de saldo.