Aumento del presupuesto para infraestructura universitaria, destinado al mantenimiento y mejora de los edificios educativos.
Los sindicatos remarcaron que la falta de aplicación de la ley pone en riesgo la continuidad de programas de investigación, extensión y becas estudiantiles, así como el normal funcionamiento de las instituciones. “No se trata solo de salarios, sino de garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad”, señalaron los dirigentes gremiales.
Mientras tanto, desde el Gobierno aún no hubo una respuesta oficial a los reclamos. En las próximas horas, se prevé la realización de asambleas informativas y movilizaciones en distintas universidades del país para reforzar el pedido de diálogo y cumplimiento de la ley.