Una primera alarma se encendió a mediados de junio con la publicación de una norma que modificó el régimen de sanciones económicas contra prestadoras de los gremios y empresas de medicina privada. La resolución 951/25 de la SSS fue la última con la firma de Gabriel Oriolo antes de ser eyectado de la Superintendencia y reemplazado por el hasta entonces gerente general del organismo, Claudio Stivelman, el funcionario que en los hechos tomaba las decisiones. Los ejes de esa nueva norma, que mantiene en vilo al sindicalismo, son el aumento hasta 30 millones de pesos de cada multa, la posibilidad de agrupar sanciones, su ejecución en un plazo de días y, sobre todo, la posibilidad que se reserva el organismo de utilizar los criterios modificados sobre expedientes previos.