"Si no hay recursos para mi provincia, no habrá ley Bases ni Pacto de Mayo", adelantó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya totalmente desencantado con el gobierno de Javier Milei, con quien -admitió ayer- pensó que podía llegar a tener una buena relación. La última decisión del Ejecutivo conocida este fin de semana de cortar los fondos que enviaba a las 13 provincias por las cajas previsionales no transferidas volvió a poner de punta a los gobernadores dialoguistas, que creían estar avanzando en acuerdos con la administraciuón libertaria. El desencanto que transmitió Vidal era compartido por los demás gobernadores patagónicos, que vienen conversando con sus colegas del Norte Grande una declaración conjunta con diez puntos de interés para las provincias, que contrapondrán al decálogo de Mayo. Esperaban sumar al resto de los mandatarios que no hacen más que acumular malas noticias desde la Casa Rosada.
El sábado había sido el chubutense Ignacio Torres quien había salido contra la novedad del recorte -o congelamiento- de los fondos jubilatorios. "Vamos a ir a la Justicia para reclamar", adelantó. Como integrante del PRO, Nacho Torres debería integrar las filas de los gobernadores más cercanos a la Rosada, pero en los hechos aparece como de los más enojados por las continuas medidas inconsultas que perjudican a las provincias. En este caso, las explicaciones posteriores del ministro del Interior, Guillermo Francos, y de la Oficina del Presidente acerca de que los fondos se pagarían aunque luego de una auditoría no terminaron de disipar las dudas. Menos después de escuchar la entrevista de CNN en la que Milei definió como el peor error de lo que lleva de gestión fue haber confiado en los gobernadores, a quienes acusó de no querer jugar limpio.Provincias importantes como Córdoba y Santa Fe también consideraron muy probable acudir a la Justicia para resolver la situación. Cerca del gobernador cordobés Martín Llaryora incluso consideraron el decreto de Milei como beneficioso porque vino a blanquear algo que sucedía de hecho. "Desde que asumieron dejaron de mandar los fondos por las cajas previsionales. Ahora quedó expresado en un decreto y podemos ir con esto a la Corte", evaluaban. El máximo tribunal ya acumula demandas de las provincias por más de 600 mil millones de pesos, algo que preocupa a Milei, que hasta ahora no recibió ninguna señal de respaldo al ajuste de parte de los supremos. Imaginaba que a esta altura ya tendría un aval al mega DNU, anulado en parte por tribunales inferiores.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador del Transporte es lo que une a todos los gobernadores, más allá de algún tema puntual que tenga cada jurisdicción como ocurre con el Fondo de Fortalicimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof. Si hay una provincia en dificultades, la política del Gobierno parece ser tratar de complicarle más la vida. “Creo que el Gobierno nacional entendió que éramos todos enemigos, que todos estábamos en contra, que ninguno de nosotros quería sacar el país adelante, cosa que es totalmente equivocada”, sostuvo ayer Vidal. Santa Cruz viene sufriendo los despidos en las centrales hidroeléctricas y el potencial cierre del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio sin que el Ejecutivo brinde señales de preocupación.Este 2 de abril, los gobernadores patagónicos volverán a mostarse juntos a Tierra del Fuego por el acto por el Día de Malvinas, que aprovecharán para dar otra señal de unidad. Es uno de los grupos formados como respuesta a las medidas del Ejecutivo. Tienen en preparación una demanda conjunta contra la decisión del Gobierno y de la empresa YPF de desprenderse de más de medio centenar de pozos maduros para concentrarse en Vaca Muerta. Las provincias petroleras reclaman una indemnización por pasivo ambiental que, todo indicaría, la petrolera estatal no tiene ninguna intención de reconocer. A esta demanda, las provincias patagónicas afectadas -Santa Cruz, Neuquén, Chubut- podrían sumar a Salta, por lo que están conversando con el gobernador Gustavo Sáenz.Esta situación de enojos cruzados y elaboración de demandas judiciales se produce en la previa de la reunión convocada por Francos para este jueves con los diez gobernadores de lo que supo ser Juntos por el Cambio. Se esperaba que allí terminaran de definir el proyecto de ley Bases que se enviará a la Cámara de Diputados para su aprobación, pero así como están las cosas se ve lejos de un consenso. El Ejecutivo sigue ofreciendo como remedio para los problemas fiscales de las provincias volver a implantar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores, pero los gobernadores no quieren pagar ese costo político y reclaman coparticipar algún tributo nacional como el impuesto al Cheque. Este tironeo viene de arrastre desde enero y desembocó en el primer rechazo a la ley Omnibus. Un problema que se añadió en las últimas horas fueron las amenazas de embargos que la mayorista de energía Cammesa distribuyó entre gobernaciones y municipios que le adeudan varios millones por sus servicios. Lo de las deudas atrasadas es habitual, lo anormal es la intimación judicial que, dado el contexto, los gobernadores temen que se cumpla. Vidal, Torres y el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, coincidieron en subrayar por estas horas que la mayor parte del ajuste lo estaban pagando las provincias y los sectores populares, nada que ver con la prometida "casta". Vidal, además, marcó que varios de ellos también eran nuevos en la gestión, por lo que no podían caer en la categoría de casta. "Veo que hay mucho descontento que la mayoría de los gobernadores no están de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno", resumió Vidal. Francos deberá esforzarse mucho este jueves para conseguir avances.