Según la investigación, en Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. En Perú tales negociaciones “se prolongaron durante casi seis meses e incluyeron el eximir responsabilidad ante eventuales efectos adversos y demora en la entrega de los lotes”.
La intimidación de Pfizer a los gobierno latinoamericanos en los acuerdos relativos a la distribución de la vacuna contra el coronavirus, había sido advertida por el propio ex ministro de Salud, Ginés González García, en una presentación en la Cámara de Diputados, a principio de febrero.
Ginés había explicado que las condiciones de Pfizer eran inaceptables. “Queríamos adecuarnos a cualquier condición, pero a cualquiera que no significara resignar la soberanía y mucho menos cambiar las leyes. Pero la intolerancia fue tremenda“, expresó.
De acuerdo al informe de los periodistas británicos:
“Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia”.
Dicho requerimiento es extremo porque la empresa se desliga en el caso de que haya enviado dosis incorrectas o haya cometido errores en su producción.
“Argentina podría ofrecer compensación por los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error“, se lee en dicho artículo.